Contrato fiscal y rendición de cuentas

Qué es

El contrato fiscal es la idea de que el impuesto no es solo una transferencia de recursos al Estado, sino el nudo de una relación de intercambio: el ciudadano entrega parte de su ingreso y, a cambio, adquiere el derecho —y sobre todo el incentivo— a exigir que ese dinero se gaste bien. La rendición de cuentas (accountability) es la contraparte: el deber del gobernante de justificar en qué se usó lo recaudado ante alguien con poder de sancionarlo, típicamente en las urnas.

La formulación moderna viene de la sociología fiscal y de la economía política del Estado. Margaret Levi (1988) mostró que la recaudación descansa en un cumplimiento cuasi-voluntario: nadie fiscaliza a cada contribuyente uno por uno, así que el sistema funciona mientras la gente crea que los demás también pagan y que el Estado entrega algo a cambio. Douglass North y Barry Weingast (1989) documentaron el caso arquetípico —la Inglaterra posterior a 1688—, donde la Corona consiguió financiarse barato solo después de aceptar límites parlamentarios verificables sobre el gasto: el compromiso creíble fue el precio del crédito. Charles Tilly (1990) generalizó la dinámica: los Estados europeos se construyeron negociando impuestos con quienes tenían el dinero, y cada ronda de negociación dejó instituciones de control.

El argumento se ve más nítido en su reverso. Un Estado que se financia con renta de recursos naturales, con ayuda externa o con deuda no necesita negociar con nadie: es el Estado rentista. Michael Ross (2004) puso a prueba empíricamente el eslogan no taxation without representation y encontró apoyo condicional, pero robusto, a la idea de que los gobiernos que dependen de impuestos visibles enfrentan más presión por rendir cuentas que los que viven de un pozo petrolero. Timothy Besley y Torsten Persson (2011) llevaron esto al terreno del desarrollo: la capacidad fiscal —la habilidad efectiva de cobrar impuestos amplios— aparece correlacionada con capacidad legal y con crecimiento, y las tres se refuerzan.

Hay un tercer ingrediente, más incómodo: la ilusión fiscal. Amilcare Puviani (1903) y después James Buchanan (1967) observaron que los sistemas tributarios tienden a hacerse opacos precisamente porque a la clase política le conviene que el costo del gasto no se sienta. Un impuesto indirecto —el IVA, en Chile la principal fuente de recaudación— lo paga todo el mundo, pero nadie lo percibe como "mi contribución": está adentro del precio del pan. Un impuesto a la renta, en cambio, se ve, duele y se recuerda al votar. De ahí que la discusión sobre quién paga tenga consecuencias políticas que van mucho más allá de la equidad recaudatoria.

Ahí conecta con el clientelismo. Susan Stokes (2005) describió lo que llamó accountability perversa: en una máquina clientelar la vigilancia va al revés —el operador político monitorea al votante para verificar que el favor se pagó con el voto—, en vez de que el votante monitoree al político. Cuando la mayoría del electorado es receptora neta de transferencias y no contribuyente visible, la estrategia electoral óptima deja de ser gestionar bien y pasa a ser repartir; y quien recibe tiene poco motivo para preguntar por la eficiencia de un gasto que no siente como propio.

Conviene decir el contraargumento en su versión fuerte, porque existe: una base estrecha no es sinónimo de mal diseño tributario. La progresividad es un objetivo legítimo y bien fundado en la teoría de la hacienda pública, y exigir que los hogares de menores ingresos paguen impuesto a la renta puede ser regresivo y socialmente costoso. La tesis del contrato fiscal no dice que la progresividad sea mala: dice que la visibilidad de la contribución y la amplitud de la base tienen un efecto político propio, separable de su efecto distributivo, y que ese efecto suele quedar fuera de la discusión.

Cómo lo explicó el programa

El 5 de agosto de 2026, en Buenas Tardes Mercado, el panel trató el tema bajo un título que dice el argumento completo: "Clientelismo: por qué los políticos prefieren una base estrecha". La tesis expuesta fue que el discurso de "que paguen los ricos" no es neutral respecto del sistema político que produce: sostiene el clientelismo. La aritmética que se planteó es simple y frágil —cuando uno paga y tres viven de ese aporte, basta con que el que paga se vaya o deje de invertir para que el arreglo se caiga—, pero el punto de fondo era el otro: quien paga impuestos deja de rogarle al político y pasa a exigirle rendición de cuentas. Manuel Bengolea lo cerró con la frase que resume por qué el cambio no es solo técnico: "es que con esto se acaba el clientelismo". En esa lectura, la resistencia a ampliar la base contribuyente no sería un descuido de diseño sino un incentivo: la clase política perdería la asimetría que la favorece.

En el caso chileno el punto tiene anclaje concreto: la mayoría de los trabajadores dependientes queda bajo el tramo exento del impuesto a la renta, mientras el grueso de la recaudación llega por IVA —es decir, por la vía que menos se percibe como contribución personal.

Relación con otros conceptos

Es el puente entre la teoría de la hacienda pública y la economía política. Se apoya en la distinción entre imposición directa e indirecta y en el debate sobre progresividad y base imponible; explica por qué la informalidad no es solo un problema recaudatorio sino de ciudadanía fiscal. Por el lado del Estado, conecta con capacidad estatal, con la maldición de los recursos naturales vía el Estado rentista, y con la literatura de elección pública sobre búsqueda de rentas y captura del presupuesto. Y del lado del gasto, es la contracara de cualquier discusión sobre eficiencia del gasto público: sin un cuerpo de contribuyentes que se sienta dueño del dinero, la evaluación de programas queda como asunto técnico sin electorado que la respalde.

Fuentes y lecturas

• Levi, M. (1988), Of Rule and Revenue, University of California Press.
• North, D. C. y Weingast, B. R. (1989), "Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England", The Journal of Economic History, 49(4).
• Ross, M. L. (2004), "Does Taxation Lead to Representation?", British Journal of Political Science, 34(2).
• Stokes, S. C. (2005), "Perverse Accountability: A Formal Model of Machine Politics with Evidence from Argentina", American Political Science Review, 99(3).
• Besley, T. y Persson, T. (2011), Pillars of Prosperity: The Political Economics of Development Clusters, Princeton University Press.
• Stiglitz, J. E. y Rosengard, J. K. (2015), Economics of the Public Sector, 4ª ed., W. W. Norton (manual estándar para la parte de hacienda pública).