Capacidad de pago y liquidez del contribuyente

Qué es

Bajo el nombre de "capacidad de pago" conviven dos ideas que la discusión pública mezcla y que conviene separar, porque un impuesto puede estar bien construido sobre la primera y romperse en la segunda.

La capacidad de pago (o capacidad contributiva) es un principio de equidad: cada contribuyente debe aportar en proporción a su posición económica, no a lo que recibe del Estado. Es la primera de las cuatro máximas de la tributación que enunció Adam Smith (1776), y quedó formalizada como uno de los dos grandes criterios normativos de la hacienda pública —frente al principio del beneficio— en el tratado de Musgrave (1959), que además fijó el vocabulario que todavía se usa: equidad horizontal (quienes están en igual situación pagan igual) y equidad vertical (quien tiene más capacidad paga más). Mill (1848) le había dado su versión operativa, el "sacrificio igual": el impuesto debe imponer a cada uno una pérdida de bienestar equivalente, no un monto equivalente.

La liquidez del contribuyente es otra cosa: la existencia de flujo de caja disponible para enterar el tributo cuando vence. Un impuesto puede gravar correctamente una capacidad económica real y aun así ser impagable, si esa capacidad está inmovilizada en un activo que no genera dinero. Es el problema clásico del contribuyente rico en activos y pobre en caja.

El impuesto territorial —las contribuciones— es el caso de manual. Grava un stock (el avalúo de un inmueble) y se paga con un flujo (el ingreso corriente del propietario). En términos de la definición amplia de renta de Haig-Simons (Simons, 1938), la vivienda ocupada por su dueño sí rinde un ingreso: el arriendo imputado, el servicio de habitación que el propietario se presta a sí mismo. Gravarlo es defendible en teoría. El punto es que ese ingreso se percibe en especie, no en pesos, y con especie no se paga en tesorería. Ahí nace toda la tensión: el jubilado cuyo barrio se revalorizó tiene, en rigor, más capacidad económica que antes; lo que no tiene es plata.

El segundo eje del problema es la amplitud de la base. La teoría de la imposición óptima sostiene que, para recaudar un monto dado, conviene una base ancha con tasas bajas antes que una base angosta con tasas altas: la pérdida de eficiencia crece aproximadamente con el cuadrado de la tasa, de modo que concentrar la carga multiplica el daño por peso recaudado. A eso se suma un argumento de economía política que la teoría formal no captura y la experiencia sí: un tributo que soportan pocos es políticamente frágil. Genera un grupo pequeño con incentivo intenso a organizarse contra él y una mayoría indiferente, y el equilibrio resultante suele ser un tejido de exenciones, compensaciones y regímenes especiales que erosiona la base y obliga a subir aún más la tasa sobre los que quedan. La Mirrlees Review (2011) llega a la conclusión más incómoda: la propiedad —y en particular el suelo, cuya oferta es inelástica— es una de las mejores bases imponibles disponibles, casi sin distorsión, tesis que se remonta a George (1879); pero eso no resuelve la liquidez, porque un terreno bien ubicado tampoco produce caja para su ocupante.

La literatura tiene remedios estándar que atacan la liquidez sin abandonar la base: diferimiento (el impuesto se acumula como gravamen sobre el inmueble y se cobra al venderse o heredarse), circuit breakers (tope al impuesto como porcentaje del ingreso del hogar), rebajas focalizadas por edad e ingreso —Chile tiene mecanismos de este tipo para adultos mayores— y aplicación gradual de los reavalúos, para que un salto de avalúo no se traduzca en un salto de cuenta.

Cómo lo explicó el programa

En Buenas Tardes Mercado del 4 de agosto de 2026, a propósito de las compensaciones asociadas a las contribuciones, el panel llegó exactamente a esta distinción por la vía práctica. El argumento fue que el conflicto por las compensaciones no existiría si el tributo fuera "un pago razonable, abordable y de base amplia", como lo fue durante años en que sencillamente no era tema. El alza acumulada lo empujó al otro extremo, y ahí apareció la frase que fija el problema de liquidez sin nombrarlo: hay quien "tiene que vender su casa para pagar las contribuciones, y eso ya es criminal".

Es una descripción precisa del punto de quiebre. Cuando el único modo de enterar el impuesto es liquidar el activo que lo genera, el tributo dejó de guardar relación con el flujo de quien lo soporta. Y el diagnóstico de base angosta que hizo el programa es el complemento: la carga se concentró en pocos contribuyentes en vez de repartirse ancha y liviana, que es justo la configuración que la teoría advierte como ineficiente y políticamente inestable.

Relación con otros conceptos

El tema enlaza con la incidencia tributaria —quién soporta el impuesto no es quien lo entera— y con la capitalización: parte del impuesto territorial se descuenta del precio del inmueble, de modo que el alza golpea al propietario del momento del anuncio más que al comprador posterior (Oates, 1969). Se conecta también con la restricción de liquidez de la teoría del consumo, con la distinción impuestos al patrimonio versus a la renta, con la renta imputada de la vivienda propia, y con la disyuntiva entre base amplia y tasa baja frente a la focalización, que reaparece en cada debate de exenciones al IVA o al impuesto a la renta.

Fuentes y lecturas

• Adam Smith (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Libro V, cap. II (las cuatro máximas de la tributación).
• Richard A. Musgrave (1959), The Theory of Public Finance, McGraw-Hill. En español, Musgrave y Musgrave, Hacienda Pública: Teórica y Aplicada, McGraw-Hill.
• James Mirrlees et al. (2011), Tax by Design: The Mirrlees Review, Institute for Fiscal Studies / Oxford University Press (caps. sobre suelo y propiedad).
• Richard Bird y Enid Slack (eds.) (2004), International Handbook of Land and Property Taxation, Edward Elgar.
• Wallace E. Oates (1969), "The Effects of Property Taxes and Local Public Spending on Property Values", Journal of Political Economy, 77(6).