Voto retrospectivo (la elección como evaluación del gobierno)

Qué es

El voto retrospectivo describe la elección como un juicio sobre lo ya ocurrido, y no como una comparación de programas futuros. La formulación clásica es de V. O. Key (1966), que retrató al electorado como "un dios racional de venganza y recompensa": el votante no necesita entender de política monetaria ni leer el programa de gobierno; le basta con saber si vivió mejor o peor durante el mandato que termina y premiar o castigar en consecuencia. Downs (1957) había justificado antes ese atajo en términos de costos de información: evaluar desempeño pasado es barato y verificable, mientras que las promesas son gratis de emitir. Fiorina (1981) llevó la idea más lejos al mostrar que incluso la identificación partidaria funciona como un saldo acumulado de evaluaciones retrospectivas, y no como una lealtad heredada e inmóvil.

La literatura distingue dos mecanismos con consecuencias distintas. En el modelo de selección, el pasado es información: el desempeño observado revela la competencia del gobernante y el votante usa esa señal para decidir si conviene renovarlo. En el modelo de sanción (Barro, 1973; Ferejohn, 1986), el voto es un instrumento de disciplina: lo que induce esfuerzo no es la información, sino la amenaza creíble de castigo. La diferencia importa porque el segundo mecanismo se apaga cuando el gobernante ya no puede ser reelecto. La evidencia empírica sobre límites a la reelección apunta en esa dirección: Besley y Case (1995) encontraron que los gobernadores estadounidenses en su último mandato se comportan de manera sistemáticamente distinta a los que aún enfrentan al electorado.

La medición de todo esto dio origen a las funciones de voto. Kramer (1971) fue el primero en estimar econométricamente el efecto de las condiciones económicas sobre el voto en Estados Unidos; Fair (1978) construyó el modelo de pronóstico presidencial que todavía lleva su nombre; Hibbs popularizó la versión "pan y paz", donde el crecimiento del ingreso real disponible explica buena parte del resultado. La revisión estándar de esa literatura es Lewis-Beck y Stegmaier (2000): la economía importa, pero cuánto depende de la claridad de responsabilidad institucional.

Sobre esa base descansan tres advertencias que conviene tener a mano al usar el concepto. La primera es la miopía: los votantes ponderan desproporcionadamente los últimos dos o tres trimestres, no el mandato completo (Healy y Malhotra, 2009). La segunda es el problema de atribución: premiar el resultado no es lo mismo que premiar la gestión. Para América Latina, Campello y Zucco (2016) muestran que la popularidad presidencial sigue de cerca los precios de las materias primas y las tasas internacionales, variables que ningún presidente de la región controla; el electorado termina recompensando la suerte. La tercera es la crítica frontal de Achen y Bartels (2016), que documentan castigos electorales por sequías y hasta por ataques de tiburón, y concluyen que la retrospección ciega es un mecanismo de rendición de cuentas bastante más pobre de lo que la teoría supone.

Un caso aparte merece la inflación, que es la variable macroeconómica más castigada en las urnas, más incluso de lo que justificaría su efecto medido sobre el bienestar. Shiller (1997) encontró que el público la interpreta como una pérdida de poder adquisitivo causada por terceros, mientras los economistas suponen que los salarios se ajustan; esa brecha de interpretación explica buena parte de la asimetría del castigo.

Cómo lo explicó el programa

En la edición del 21 de septiembre de 2026, Manuel Bengolea ancló el mecanismo en el bolsillo: la caída de aprobación presidencial venía de tensiones geopolíticas que encarecieron combustibles y energía, y el IPC, sostuvo, define elecciones. Su razón fue precisamente la del rezago salarial: "porque los salarios siempre corren detrás de la inflación, no delante de la inflación". La afirmación es correcta para el caso que más pesa políticamente —la sorpresa inflacionaria, donde la rigidez nominal hace caer el salario real antes de que los contratos se ajusten—, aunque el "siempre" es más fuerte de lo que sostiene la evidencia: pasado el shock, los salarios suelen recuperar terreno. Con ese lente leyó dos episodios, la elección Harris-Trump y el plebiscito chileno del 4 de septiembre de 2022, este último como veredicto sobre el gobierno de Boric. Vale anotar que esa lectura es discutible en un punto que el propio concepto ilumina: el objeto del voto era un texto constitucional, no una gestión, y atribuirlo al gobierno es un ejercicio de atribución, no un dato.

Pepe Arias aportó la versión institucional del mismo mecanismo: "las elecciones de medio término siempre son un termómetro de la gestión del gobierno", útiles para que el presidente corrija el rumbo de cara a la reelección. Y notó la excepción que confirma la regla: con Trump el mecanismo se debilita, porque nunca fue un republicano de carrera y ya no puede volver a postular. Eso es exactamente el modelo de sanción quedándose sin dientes cuando el incumbente es lame duck.

En el tercer tramo, Arias extendió el argumento a la región: lo que se ve en Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia y Chile "no es que la gente se haya vuelto derechista de un día para otro", sino el castigo a quienes tuvieron años para gobernar bien y lo hicieron mal o con corrupción. El mandato como oportunidad prestada, con la cuenta pasada en la elección siguiente. Es la lectura retrospectiva pura —castigo al oficialismo, no conversión ideológica— y tiene una consecuencia incómoda que él mismo señaló al invocar la República de Weimar: si cada gobierno es castigado por condiciones que no controla, la alternancia deja de ser corrección y empieza a parecerse a la escalada. Funke, Schularick y Trebesch (2016) documentan ese patrón tras las crisis financieras.

Relación con otros conceptos

El voto retrospectivo es la contracara del ciclo político-económico: si el electorado castiga lo reciente, el gobernante tiene incentivo a estimular la economía antes de la elección, que es el mecanismo de Nordhaus y de los ciclos presupuestarios de equilibrio. Se apoya en el problema principal-agente aplicado a la representación política, y su potencia depende de la claridad de responsabilidad institucional. Por el lado macro, dialoga con la curva de Phillips y la ilusión monetaria —el rezago del salario real es el canal por el que la inflación se convierte en voto—, con las expectativas de inflación y con los términos de intercambio, que en economías exportadoras de materias primas mueven el ingreso sin que ningún gobierno intervenga. El sesgo de recencia lo emparenta con la economía del comportamiento aplicada a decisiones colectivas.

Fuentes y lecturas

• Key, V. O. (1966), The Responsible Electorate: Rationality in Presidential Voting, 1936–1960, Harvard University Press.
• Fiorina, M. (1981), Retrospective Voting in American National Elections, Yale University Press.
• Lewis-Beck, M. y Stegmaier, M. (2000), "Economic Determinants of Electoral Outcomes", Annual Review of Political Science, vol. 3.
• Achen, C. y Bartels, L. (2016), Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce Responsive Government, Princeton University Press.
• Campello, D. y Zucco, C. (2016), "Presidential Success and the World Economy", The Journal of Politics, vol. 78, n.º 2.
• Persson, T. y Tabellini, G. (2000), Political Economics: Explaining Economic Policy, MIT Press (manual estándar para los modelos de sanción y de ciclo político).