Teoría
Captura política de empresas estatales
Visto en 15 apariciones de los programas.
Qué es
Hay captura política de una empresa estatal cuando el control efectivo de esa empresa —nombramientos, presupuesto, política de precios, dotación, reparto de excedentes— lo ejercen de hecho actores del sistema político (partidos, la coalición de gobierno, el Ministerio de Hacienda, sindicatos con poder de veto) para fines distintos de la función productiva de la firma: repartir cargos, sostener empleo, financiar gasto fiscal o postergar costos hasta después de la próxima elección.
El concepto es el reverso de la captura del regulador que formalizó Stigler (1971): allí la industria regulada coopta a la agencia que debe fiscalizarla. Aquí el vector va en la dirección contraria —la política coopta a la empresa— y no requiere corrupción para operar. Basta con que quien controla la empresa responda a incentivos electorales en vez de patrimoniales.
El modelo canónico es el de Shleifer y Vishny (1994). Su punto es incómodo y elegante: los políticos valoran cosas que la empresa puede entregar (empleo por sobre el óptimo, obras, transferencias) y que no aparecen en su balance como beneficio. Bajo propiedad estatal el político obtiene esas cosas gratis, porque controla directamente a la gerencia. Bajo propiedad privada tendría que comprarlas con subsidios explícitos, visibles y presupuestados. La privatización, en esta lectura, no elimina la interferencia política: le sube el precio y la hace visible. Los mismos autores extendieron el argumento en The Grabbing Hand (Shleifer y Vishny, 1998), donde el Estado no es un planificador benevolente que corrige fallas de mercado sino un actor con intereses propios y capacidad de extraer.
Debajo hay dos engranajes estándar. El primero es un problema de agencia de manual (Jensen y Meckling, 1976) con una cadena rota: el principal último son los ciudadanos, difusos y sin capacidad de monitoreo; el principal intermedio es el político, que tiene función objetivo propia; el agente es la gerencia. Nadie en la cadena internaliza el valor patrimonial de largo plazo. El segundo es la restricción presupuestaria blanda de Kornai (1986): la empresa estatal no quiebra, y saberlo altera todas sus decisiones ex ante —de inversión, de deuda, de negociación salarial.
La captura tiene dos modos, y conviene no confundirlos. El modo subsidio es el clásico de Kornai: la empresa pierde plata y el fisco la rescata, sosteniendo empleo o precios políticos. El modo extracción es el simétrico y menos discutido: la empresa es rentable —o se la supone rentable— y el fisco le exige caja por sobre lo que sus flujos permiten. El resultado contable es el mismo que en cualquier firma a la que se le fuerza un pago de dividendos superior a su flujo operacional: la diferencia se financia con deuda. El teorema de Modigliani-Miller no aplica aquí como consuelo, porque el supuesto que se rompe es justamente el de un accionista que maximiza valor.
Los síntomas observables son bastante estables entre países: rotación de directorios sincronizada con el ciclo electoral, planes de inversión que se anuncian y se posponen, dotación rígida a la baja, endeudamiento creciente sin contrapartida en capacidad productiva, y una discusión pública sobre la empresa que se organiza en torno a identidades políticas antes que a sus estados financieros.
Cómo lo explicó el programa
En Buenos Días Mercado del 30 de julio de 2026, en el bloque sobre economía política de Codelco, el diagnóstico fue directo: la empresa está cooptada por los partidos políticos y opera como caja pagadora. Willy Díaz lo formuló sin matices: "está secuestrada por partidos políticos, sin ninguna duda".
El punto central del bloque fue de causalidad, no de denuncia. Buena parte de la deuda de la compañía no vendría de malas apuestas operacionales sino de la exigencia de caja que el fisco le impuso durante años, aun cuando los flujos y las utilidades no daban para sostenerla —el modo extracción descrito arriba, en estado puro.
De ahí se desprendió la observación más interesante del programa: por qué la privatización es, en sus términos, una discusión estéril pero necesaria. Estéril porque el capital privado que entrara al directorio chocaría con el capital político que ya está instalado ahí, y ese choque no lo resuelve un cambio de propiedad marginal. Necesaria porque el problema no se disuelve por omisión: va a estallar igual, por la vía del balance.
Relación con otros conceptos
Es el espejo de la captura del regulador, comparte mecanismo con la búsqueda de rentas (los recursos que se gastan en capturar la empresa son puro costo social, no producción) y se apoya en la restricción presupuestaria blanda para explicar por qué la disciplina financiera nunca llega. Se conecta con el problema principal-agente por la cadena de control rota, con el ciclo político-económico por el calendario de las decisiones, y con la política de dividendos y estructura de capital por el canal contable que convierte presión fiscal en deuda corporativa. En empresas de recursos naturales se cruza además con la discusión sobre renta de recursos y reglas fiscales estructurales: una regla que ahorra la renta del cobre en un fondo, en vez de gastarla vía la empresa, cierra precisamente el canal de extracción. Y no todo apunta a privatizar: Hart, Shleifer y Vishny (1997) muestran que la propiedad estatal sigue siendo preferible cuando la calidad del servicio no es contratable y el privado tendría incentivo a recortarla.
Fuentes y lecturas
- Shleifer, A. y Vishny, R. (1994), Politicians and Firms, Quarterly Journal of Economics 109(4).
- Shleifer, A. y Vishny, R. (1998), The Grabbing Hand: Government Pathologies and Their Cures, Harvard University Press.
- Stigler, G. (1971), The Theory of Economic Regulation, Bell Journal of Economics and Management Science 2(1).
- Kornai, J. (1986), The Soft Budget Constraint, Kyklos 39(1).
- Megginson, W. y Netter, J. (2001), From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization, Journal of Economic Literature 39(2).