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Teoría

Control del gasto público

Visto en 25 apariciones de los programas.

Qué es

El control del gasto público es el conjunto de reglas, instituciones y procedimientos que determinan cuánto gasta el Estado, en qué lo gasta, con qué autorización previa y bajo qué verificación posterior. No es una función contable: es el mecanismo que reemplaza, de manera imperfecta, la disciplina que en el sector privado impone el mercado. Una empresa que gasta mal pierde clientes o quiebra; un organismo público que gasta mal puede seguir operando indefinidamente, porque sus ingresos no dependen de que alguien acepte pagar voluntariamente por lo que produce.

Conviene distinguir tres capas que suelen confundirse. El control de legalidad pregunta si el gasto estaba autorizado por una norma (en Chile, es el terreno de la Contraloría General de la República). El control presupuestario pregunta si cabe dentro del monto aprobado y de la restricción fiscal agregada (Ley de Presupuestos, DIPRES, regla de balance estructural). El control de desempeño pregunta algo mucho más difícil: si el gasto produjo el resultado que prometía. Un sistema puede ser impecable en las dos primeras capas y prácticamente ciego en la tercera.

La razón por la que el problema es estructural y no un defecto de tal o cual administración fue formalizada por la teoría de la hacienda pública moderna. Musgrave (1959) ordenó las funciones fiscales —asignación, distribución y estabilización— y dejó en evidencia que en ninguna de ellas existe un precio que revele si el ciudadano valora el gasto más que su costo. Sin ese precio, hace falta construir el control por otra vía.

La economía política aportó el segundo pilar. Buchanan y Tullock (1962) propusieron analizar a los actores públicos con los mismos supuestos de comportamiento que a los privados: los funcionarios y legisladores persiguen objetivos propios, no un interés general dado de antemano. Niskanen (1971) llevó la idea al presupuesto y describió al burócrata como maximizador de su presupuesto, ventaja que le da su monopolio de información sobre el costo real de lo que produce. Olson (1965) explicó la asimetría política que sostiene el gasto ineficiente: los beneficiarios son pocos, identificables y están organizados; los que pagan son muchos, difusos y cada uno pierde poco. Y Weingast, Shepsle y Johnsen (1981) formalizaron el llamado problema del fondo común —la "ley de 1/n"—: cuando cada legislador captura todo el beneficio de un gasto dirigido a su electorado pero soporta solo una fracción del costo, financiado por impuestos generales, el resultado agregado es sobreexpansión, aunque cada decisión individual sea racional.

De ahí viene la conclusión práctica dominante en la literatura: el control efectivo depende menos de la buena voluntad de quien gasta que del diseño institucional del proceso presupuestario. Reglas jerárquicas, techos agregados vinculantes, rendición estandarizada y transparencia hacia terceros se asocian empíricamente a mayor disciplina fiscal. Hay un corolario que importa para lo que sigue: cuando una asignación permite traspaso libre entre ítems, el control por ítem se vuelve nominal. Lo que efectivamente controla es el monto total y la calidad de la rendición posterior; la desagregación pasa a ser informativa, no restrictiva.

Cómo lo explicó el programa

El programa aterrizó exactamente ese punto en el episodio del 29 de julio de 2026, al revisar el gasto en asesores de la Cámara de Diputados. Sobre la dieta parlamentaria de $8,2 millones, cada diputado dispone de una asignación de $15,3 millones mensuales con traspaso libre entre ítems: esa fungibilidad es la que permite que la asignación financie, en la práctica, más de mil asesores en la Cámara.

La comparación que ordena el problema es de escala. El costo mensual de esos asesores supera los $1.300 millones, mientras que el costo total de los 155 diputados asciende a $1.277 millones. Como lo resumió Pepe Arias, "estos mil asesores son más caros que todos los diputados".

El caso ilustra el punto teórico sin necesidad de suponer mala fe: el gasto está autorizado y es legal, cabe en el presupuesto aprobado, y aun así el control sustantivo —quién es cada asesor, qué produjo, si ese uso era el mejor disponible— queda fuera del alcance de las dos primeras capas. La estructura misma de la asignación traslada el control desde la regla ex ante hacia la rendición y la visibilidad pública ex post.

Relación con otros conceptos

El control del gasto público es una aplicación directa del problema principal-agente: el ciudadano es el principal, el Estado el agente, y la asimetría de información sobre el costo y el resultado del gasto es lo que hace costoso el monitoreo. Se conecta con la teoría de los bienes públicos, que explica por qué no hay precio que discipline; con el problema del fondo común, que explica el sesgo expansivo; y con la búsqueda de rentas, que describe los recursos que los grupos organizados invierten en capturar transferencias en vez de en producir. La ilusión fiscal —la percepción distorsionada del costo real de lo público cuando se financia con impuestos indirectos o deuda— opera del lado del votante. Detrás de todo está el costo de oportunidad: cada peso mal asignado no solo se pierde, sino que desplaza un uso alternativo, y la restricción presupuestaria intertemporal garantiza que el desvío se pague después, con impuestos o con deuda.

Fuentes y lecturas

  • Musgrave, R. A. (1959), The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy, McGraw-Hill.
  • Buchanan, J. M. y Tullock, G. (1962), The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, University of Michigan Press.
  • Niskanen, W. A. (1971), Bureaucracy and Representative Government, Aldine-Atherton.
  • Weingast, B. R., Shepsle, K. A. y Johnsen, C. (1981), "The Political Economy of Benefits and Costs: A Neoclassical Approach to Distributive Politics", Journal of Political Economy, 89(4).
  • Stiglitz, J. E. (2000), Economics of the Public Sector, 3ª ed., W. W. Norton (ed. en español: La economía del sector público, Antoni Bosch).

Apariciones