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Teoría

Demora en la tramitación de permisos (permisología)

Visto en 33 apariciones de los programas.

Qué es

La permisología —el chilenismo ya perdió las comillas en la prensa económica— nombra el conjunto de autorizaciones sectoriales que un proyecto debe reunir antes de mover la primera piedra: ambientales, sanitarias, municipales, de concesión marítima, de consulta indígena. Pero el problema que describe la palabra no es la existencia del permiso, sino el tiempo que toma obtenerlo y lo mal que se puede predecir ese tiempo. Conviene separar las dos cosas, porque la confusión entre ellas es la que hace estéril casi toda la discusión pública.

El permiso tiene una justificación económica ortodoxa: la externalidad. Un proyecto puede imponer costos que no paga —contaminación, uso de agua, congestión— y el Estado interviene para que el privado los internalice (Pigou, 1920). Coase (1960) agregó el matiz que casi siempre se olvida: cuando los costos de transacción son positivos, lo que determina la eficiencia no es solo qué se regula, sino el diseño del procedimiento —quién debe probar qué, ante quién y en cuánto tiempo—. La demora no es un subproducto neutro de cuidar el medio ambiente: es una variable de diseño, y se puede corregir sin bajar un solo estándar sustantivo.

La demora golpea al proyecto por tres canales distintos.

El primero es aritmética financiera. Postergar el inicio de operación posterga todos los flujos: a una tasa de descuento real de 10%, tres años de tramitación borran cerca de un cuarto del valor presente del proyecto antes de discutir un solo peso de costos de construcción. Un proyecto marginal deja de existir; uno bueno pierde de golpe el margen que lo hacía atractivo frente a otras alternativas.

El segundo es el más importante y el menos visible: la incertidumbre. Como formalizaron Dixit y Pindyck (1994), una inversión irreversible bajo incertidumbre incorpora una opción de esperar que tiene valor propio; cuanto más incierto el entorno, más alto el retorno que se le exige a un proyecto para justificar ejercer esa opción hoy. Un plazo largo pero conocido se descuenta y se financia. Un plazo largo cuya varianza es enorme —el sistema que promete dieciocho meses y entrega tres años, con probabilidad no despreciable de que entregue cinco— no se descuenta: se transforma en una lotería que el directorio prefiere no jugar. Por eso la métrica relevante nunca es la tasa de aprobación, sino el tiempo y su predictibilidad.

El tercero es la reasignación. El capital es móvil y compara jurisdicciones. Djankov, La Porta, López-de-Silanes y Shleifer (2002) mostraron, sobre 85 países, que las barreras administrativas de entrada más pesadas no vienen acompañadas de mejores bienes públicos ni de menos contaminación, sino de más informalidad y más corrupción: la regulación de entrada rinde poco de lo que promete y sí cobra lo que cuesta. De Soto (1986) lo había medido a mano una década antes: 289 días de trámite para registrar legalmente un taller textil en Lima. Y hay un cuarto efecto, distributivo, que Stigler (1971) anticipó: la tramitación lenta es una barrera que protege a quien ya obtuvo su permiso, y su costo fijo legal favorece al grande sobre el chico. La permisología tiene beneficiarios, y por eso no se desarma sola.

Un matiz de honestidad: rechazar un proyecto por sus méritos es la regulación funcionando. El reproche económico no es a la decisión, es a la no-decisión y a la decisión tardía.

Cómo lo explicó el programa

El programa trató el tema con una disciplina que vale la pena rescatar: distinguir lo que es permisología de lo que no lo es. En [bdm-2025-05-09], al repasar el derrumbe de los proyectos de litio con valor agregado (BYD, Tsingshan), Pepe Arias no cargó todo a la burocracia —el precio del litio se había desplomado de unos 80 mil a 10 mil dólares la tonelada, lo que vuelve legítima cualquier revisión económica—, pero tampoco la absolvió: "el precio del litio cayó de forma muy importante, pero la permisología aquí nos jugó un rol muy muy importante". Dos causas reales, una de las cuales es controlable.

En el mismo episodio aparecieron dos variantes más. El observatorio de la Academia de Ciencias china con la UCN, firmado por Xi Jinping y Bachelet en 2016, murió en marzo de 2025 después de que Estados Unidos advirtiera que permitiría a China seguir el movimiento satelital del hemisferio sur; el programa retrató a Chile atrapado entre sus dos socios principales —"sabe que más, Chile, usted no puede permitir eso"— y el proyecto terminó por la vía administrativa. Es el uso menos discutido del trámite: sirve para no firmar un rechazo que nadie quiere firmar. Y la planta de vacunas Sinovac, 150 millones de dólares, que se fue a Colombia por razones de terrenos y condiciones no dadas: "¿te acuerdas de la planta de vacunas Sinovac que en Antofagasta se la llevaron para Colombia?". Movilidad del capital en estado puro.

El caso más nítido fue el data center de Google en [bdm-2025-05-15]: 200 millones de dólares y 1.500 empleos directos, rechazados a la quinta empresa más grande del mundo, que además ya había reemplazado el enfriamiento por agua —el cuestionamiento ambiental original— por torres de aire. Es decir, respondió la objeción y aun así no pasó. El programa lo contrastó con la tendencia global (el mundo generó 64 zettabytes en 2020 y triplicaría esa cifra ese año) y con el dato duro: en 2023 los proyectos aprobados demoraron 985 días promedio y 67% excedió el plazo esperado. Ese 67% es la varianza de la que habla Dixit-Pindyck, medida. El remate de Arias: "nosotros nos subimos o no nos subimos a este carro, miramos desde fuera como la vaquita mirando el tren".

Queda una aparición lateral que ilumina el mecanismo. En [bdm-2025-05-13], Juan José Lavín explicó por qué el sector inmobiliario lideraba el alza pese a datos presentes malos: la gente "está tomando decisiones como si eso ya hubiera pasado". El argumento sirve porque la cadena inmobiliaria —terreno, permisos, construcción, venta— es larga: quien invierte hoy está apostando al escenario de dos o tres años más. Alargar el eslabón del permiso no solo encarece: obliga a invertir contra un futuro más lejano y, por lo tanto, más incierto.

Relación con otros conceptos

La demora en la tramitación es, en el fondo, un caso particular de inversión irreversible bajo incertidumbre: se conecta con costos hundidos, opción real de esperar y tasa de retorno exigida. Por la vía del descuento toca el costo de capital y la prima de riesgo país; por la vía del stock, la formación bruta de capital fijo y, con rezago, el crecimiento potencial. Como barrera de entrada, emparenta con concentración de mercado y captura regulatoria. Como fricción que impide que los recursos lleguen a sus usos más productivos, es un caso de mala asignación y explica parte de la brecha de productividad total de factores. En el caso del litio se cruza además con la discusión de valor agregado y renta de recursos naturales. Y su motivo legítimo —las externalidades y los bienes públicos ambientales— es el que impide tratarla como puro trámite prescindible.

Fuentes y lecturas

  • Djankov, S., La Porta, R., López-de-Silanes, F. y Shleifer, A. (2002), The Regulation of Entry, Quarterly Journal of Economics 117(1).
  • Dixit, A. y Pindyck, R. (1994), Investment under Uncertainty, Princeton University Press.
  • De Soto, H. (1986), El otro sendero: la revolución informal, Editorial El Barranco.
  • Stigler, G. (1971), The Theory of Economic Regulation, Bell Journal of Economics and Management Science 2(1).
  • Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (2020), Productividad en el sector de la construcción, CNEP, Santiago.

Apariciones